La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoce la necesidad de que las entidades federativas adopten medidas legales que contribuyan a prevenir y sancionar la violencia digital. Sin embargo, manifiesta su preocupación por la reciente adhesión del artículo 480 al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicada este mes, tipificando de manera poco clara el delito de ciberasedio.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió las recomendaciones 202/2024, 206/2024, 219/2024 a 223/2024, 233/2024 a 237/2024, 245/2024, 247/2024, 248/2024, 256/2024, 257/2024, 262/2024, 269/2024, 271/2024, 274/2024, 277/2024, 284/2024, 285/2024 y 286/2024 dirigidas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por actos comprobados de inadecuada atención médica en hospitales de Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Nayarit, Quintana Roo, Coahuila, Sinaloa, Tlaxcala, Puebla, Nuevo León, Colima y Guanajuato, en agravio de veintiocho víctimas y sus familiares.
Mediante un procedimiento de revisión migratoria, declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2022, personal del Instituto Nacional de Migración (INM) en Puebla, detuvo a dos familias y las trasladó a la Oficina Administrativa de Niñas, Niños y Adolescentes de ese instituto manteniéndolas en condiciones insalubres y sin brindarles información de su situación jurídica, razón por la que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 153/2024.
Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica de QV1, al interés superior de la niñez de V2; a una vida libre de violencia, a la integridad y a la verdad de QV1 y V2, así como al proyecto de vida de QV1, V2 y VI1 por personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla y de la Secretaría de Gobernación del estado de Puebla
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 126/2024 a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y a los Ayuntamientos de Huauchinango y Juan Galindo de Puebla para que se reparen los daños ocasionados por la contaminación de la Presa Necaxa, causada por descargas de aguas residuales sin tratamiento, resultado de un deficiente servicio de alcantarillado, drenaje y saneamiento en los municipios mencionados. A pesar de las denuncias hechas sobre el caso, las autoridades de los tres órdenes de gobierno no han realizado acciones contundentes para disminuir el impacto ambiental.
