El día de ayer, 01 de julio de 2020, diversos medios de comunicación han informado sobre el asesinato de 24 personas y lesiones a 7 más, en un centro de atención de adicciones en el municipio de Irapuato, Guanajuato. Este hecho se suma al reportado el pasado 6 de junio, cuando se comunicó sobre el ataque al centro de atención de adicciones “Empezando nueva vida”, ubicado en el mismo municipio de Irapuato, en donde 10 personas fueron asesinadas por un grupo de personas armadas. Asimismo, se ha informado sobre el incendio de otro centro de adicciones, el 8 de febrero, y del secuestro de 23 personas, el 5 de diciembre del 2019, en otro centro de la misma entidad federativa.
La CNDH dirigió las Recomendaciones 5/2020, 6/2020, 7/2020 y 8/2020 al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez Pineda, por inadecuada atención médica a cuatro personas, en el Hospital General “Dr. Fernando Ocaranza” en Hermosillo, Sonora, en el Hospital Regional “1° de Octubre” y en el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, en la Ciudad de México y en una clínica de Guanajuato, Guanajuato, a consecuencia de lo cual tres de ellas perdieron la vida y, adicionalmente, a una persona menor de edad se le afectó su derecho a la salud y al interés superior de la niñez.
La CNDH emitió Recomendación a los gobiernos de Guanajuato, Michoacán y Querétaro, por omisión en casos de graves violaciones de derechos humanos ocurridos en albergues operados por la “Ciudad de los Niños Salamanca A.C.”. El organismo demanda para las víctimas una reparación integral del daño, que incluya la atención médica especializada integral, así como el pago de una compensación y/o indemnización. Emplaza a cancelar el registro de la Asociación Civil en el padrón de Organizaciones de la Sociedad Civil con fines de asistencia social, para que no continúe acogiendo a personas menores de edad y/o personas adultas que viven con discapacidad o padezcan alguna adicción.
Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud y al interés superior de pmv, así como al acceso a la información en materia de salud en agravio de QV en la clínica hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Guanajuato.
Por el uso excesivo de la fuerza, que derivó en la pérdida de la vida de una persona y la detención arbitraria de su hijo menor de edad por agentes de la Policía Federal (PF) en 2015, y la inadecuada investigación del caso por las entonces Procuradurías Generales de Justicia de los estados de Guanajuato y San Luis Potosí, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 55/2019 al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, así como a los Fiscales Generales de ambas entidades, Carlos Zamarripa Aguirre y Federico Arturo Garza Herrera, respectivamente.
