El artículo Quinto Transitorio del Decreto que modifica diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019, establece las condicionantes a través de las cuales el Ejecutivo Federal podrá disponer de la Fuerza Armada Permanente para que realice tareas de seguridad pública, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura y capacidades.
La CNDH emitió un Pronunciamiento respecto al acuerdo por el que se dispone de la fuerza armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Anuncia que dará seguimiento y observará la aplicación del Acuerdo, y sostiene que la participación de las fuerzas armadas en la seguridad pública debe ser extraordinaria, de manera que toda intervención resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario ante las circunstancias que justifican su intervención y el Acuerdo no brinda elementos para respetar y garantizar dicha condición; debe de ser subordinada y complementaria a las labores civiles de seguridad, y si bien el Acuerdo hace referencia a estos conceptos, no se cuenta con elementos concretos y definitorios sobre las exigencias de dicha actuación.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirmó ante el reconocimiento oficial de que fue un operativo fallido, mal planeado y ejecutado, el que se realizó en Culiacán, Sinaloa el pasado 17 de octubre, se requiere una investigación objetiva e imparcial que, sin partir de premisas preestablecidas, entrara al conocimiento de los hechos y a la búsqueda de la verdad sin asignar culpas o eximir de responsabilidad en forma anticipada, ya que en este caso es importante conocer que paso y prevenir con base en ello que situaciones similares se repitan.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) iniciará de oficio un expediente de queja por los hechos de violencia ocurridos en Tepochica, Guerrero, y solicitará a las autoridades correspondientes la investigación pronta y exhaustiva del caso, para deslindar responsabilidades.
La CNDH promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuatro acciones de inconstitucionalidad respecto de las leyes de la Guardia Nacional; sobre el Uso de la Fuerza; del Registro de Detenciones, y del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el fin de coadyuvar a la consolidación del marco jurídico que rige la Guardia Nacional.
El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, presentó a Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el recuento de las actividades realizadas para la protección de los derechos humanos en 2018; hizo referencia acerca de las violaciones a los derechos fundamentales y la consolidación de su vigencia, dijo que se dio una atención a más de 337 mil personas que acudieron a este Organismo nacional; en cuanto a las Fuerzas Armadas en la seguridad pública dijo que es una apuesta riesgosa para la democracia y la institucionalidad civil y finalizó resaltando que la verdad es un bien que se debe preservar como un factor necesario para llegar a la legalidad. (Programa 195)
El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, expresó que la creación de la Guardia Nacional representa una respuesta parcial, incompleta y sesgada a la violencia e inseguridad que enfrenta el país, sí lo dio a conocer durante las Audiencias Públicas acerca de la Guardia Nacional convocadas por la Cámara de Diputados, y donde manifestó que no se puede depositar la garantía directa de los derechos en órganos o estructuras militares. Finalmente, entregó a las y los legisladores un documento jurídicamente sustentado con los puntos básicos de un análisis técnico realizado por éste Órgano autónomo.
El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, presentó el Informe de Actividades 2017 ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y expresó que 2017 fue un año atípico en la materia. Detalló que se recibieron 38,722 escritos de queja que derivaron en 25,959 nuevos expedientes. Hizo referencia a la Ley de Seguridad Interior, así como los casos de Nochixtlán, Cadereyta, Papantla y Tierra Blanca.
La Licda. Ina Zoon, coordinadora de Proyectos de Justicia Penal para América Latina de Open Society Justice Initiative, comentó sobre el reto de construir una sociedad más segura, esto en el marco de la Segunda Conferencia Internacional “Seguridad y Justicia en Democracia: Hacia una Política de Estado Centrada en los Derechos Humanos”.
La Mtra. Chasel Colorado, coordinadora de Análisis e Incidencia de Amnistía Internacional, comentó sobre el reto de construir una sociedad más segura, esto en el marco de la Segunda Conferencia Internacional “Seguridad y Justicia en Democracia: Hacia una Política de Estado Centrada en los Derechos Humanos”.
