Presentación del Informe Anual de Actividades 2018 del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Ante el arribo de un nuevo flujo de personas en contexto de migración a nuestro país, la CNDH desarrolla diversas acciones para vigilar que se respeten sus derechos humanos y que las autoridades les otorguen asistencia humanitaria durante su estancia en México / Tras las agresiones hacia un periodista que sufrió atentados contra su vivienda en 2016 y 2017, la CNDH emitió una recomendación al Gobierno de Baja California Sur y a la PGR.
Al participar en la mesa de trabajo de la Trigésima Reunión Anual de Embajadores y Cónsules 2019, el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, presentó la Recomendación acerca del caso Iguala, la cual es el resultado de una investigación multidisciplinaria, exhaustiva, integral y científica, que constituye una aproximación a la verdad de los hechos. Celebró la presencia de una madre de las víctimas para entender su dolor, la exigencia de la justicia y del esclarecimiento del caso / La CNDH emitió una Recomendación a autoridades federales, estatales y municipales por los actos de violencia que derivaron en que más de cinco mil personas fueran víctimas de desplazamiento forzado interno de diversas comunidades de los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, Chiapas, quienes no fueron auxiliadas ante la violencia y ni se implementaron acciones para salvaguardar sus derechos humanos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 91/2018 al Gobernador de Baja California Sur y al encargado de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales en suplencia del Procurador General de la República (PGR), por incurrir en diversas irregularidades al investigar las agresiones cometidas contra un periodista, haber omitido salvaguardar su libre ejercicio de la libertad de expresión e incumplir con su obligación de garantizarle un retorno seguro al ser desplazado forzadamente, ésta última omisión únicamente atribuible al Gobierno de Baja California Sur.
Un total de 971 personas de la etnia tsotsil –de las cuales 470 son niñas, niños y adolescentes— resultaron víctimas de Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en el estado de Chiapas, por acciones y omisiones de autoridades estatales y municipales que no les garantizaron seguridad pública y tampoco previnieron los delitos y actos violentos en su contra durante los conflictos que provocaron la destitución de la entonces Presidenta Municipal de Chenalhó, así como tampoco implementaron acciones para salvaguardar sus derechos fundamentales.
El 65% de la población mayor de 18 años en México considera que poco o nada se respetan los derechos de las personas indígenas, quienes además de ser discriminadas, se encuentran en desventaja con el resto de la población para gozar de igualdad de oportunidades, así lo dio a conocer el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, durante la Presentación del Informe de la Visita a México de Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de los Pueblos Indígenas de la ONU y añadió que las niñas, niños y adolescentes indígenas sufren porcentajes de pobreza cercanos al 80% y que 8.9 millones de indígenas no tienen acceso a la seguridad social.
Durante la instalación de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, el Presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, afirmó que México requiere una Fiscalía Autónoma, donde el Estado respete los derechos de las personas y el fortalecimiento y desarrollo de poderes y los organismos autónomos de derechos humanos; además entregó a la presidenta de dicha Comisión, la senadora Kenia López Rabadán, una propuesta general donde solicita se presente una iniciativa de ley general acerca del desplazamiento forzado interno; finalizó subrayando que los Ombudsperson no son adversarios de las autoridades, sino coadyuvantes con el compromiso por la legalidad, la verdad, la justicia y el abatimiento de la impunidad.
La Dra. Martha Lucía Zamora Ávila, exfiscal general de Colombia, comentó sobre el reto de construir una sociedad en donde prevalezca la justicia y los derechos humanos, esto en el marco de la Segunda Conferencia Internacional “Seguridad y Justicia en Democracia: Hacia una Política de Estado Centrada en los Derechos Humanos”.
Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos a la seguridad pública, medio ambiente, vivienda adecuada, salud y otros derechos humanos, por la explotación de carbón mineral en el Municipio de Sabinas.
