Ante la reforma del artículo 19 de la Constitución Política de nuestro país, en su segundo párrafo, en materia de prisión preventiva oficiosa, y las diversas opiniones manifestadas, sobre todo por algunas organizaciones, consideramos que ésta debe analizarse en el contexto que vive nuestro país. De otro modo, corremos el riesgo de caer en divagaciones teóricas que no se ajustan a la realidad y no proponen ningún beneficio práctico para la población.
Para esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es fundamental reconocer la importancia de 38.4 millones de mexicanas y mexicanos que viven en Estados Unidos de América. De ahí que celebremos el Programa de Apoyo que se anunció el día de hoy en la Conferencia del Pueblo, y lo acompañemos, mediante un esfuerzo de coordinación interna, inédito, que une el trabajo de la Secretaría Ejecutiva, la Quinta Visitaduría General y las Oficinas Regionales de la frontera norte de esta CNDH.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) desmiente categóricamente el artículo publicado digitalmente el 25 de diciembre de 2024 por la agencia informativa AMEXI, firmada por Leonel Durante, titulada “Acusan migrantes a presidenta de la CNDH de omisa. Rosario Piedra Ibarra, no defiende los derechos humanos de indocumentados”.
En relación con la publicación hecha por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A. C. (Centro Prodh) y difundida por Article 19, en la que aseguran que esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) eliminó más de 2 mil 500 recomendaciones de su portal de internet y “publicó versiones censuradas, que omitían información esencial sobre los hechos documentados, las víctimas y las responsabilidades de las autoridades”, la CNDH se ve en la obligación de realizar, una vez más, las siguientes aclaraciones:
En los últimos días, especialmente desde que el Senado de la República ratificó la continuación de Rosario Piedra Ibarra al frente de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ella misma y su gestión vuelven a ser blanco de infundios y calumnias por parte de personas autodenominadas periodistas o comunicadores, y desde luego actores partidistas, con el agregado respecto a la campaña que desde 2019 han mantenido la derecha y sus organizaciones, de que ahora se han sumado actores y opinadores que se ostentan como de “izquierda”.
La Comisión Nacional de los Derechos (CNDH) condena el lamentable asesinato de Adriana y Virginia Ortiz García, dos mujeres artesanas, pertenecientes a la comunidad indígena triqui en Oaxaca, quienes fueron ultimadas el pasado 5 de noviembre de manera violenta. Sabemos que la Fiscalia ya está realizando la investigación con perspectiva de género y de interculturalidad, pero además subrayamos la importancia de no perder de vista el análisis de contexto de los hechos, tomando en cuenta los factores socioculturales, a fin cumplir con la garantía al derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas, sus familias y para toda la comunidad Triqui.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hace un respetuoso exhorto a las autoridades jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación y en las 31 entidades federativas, a fin atender de manera urgente, garantizar y proteger el derecho a la Seguridad jurídica de las mujeres privadas de libertad en el Centro de Readaptación Social CPS número 16, ante la falta de certeza judicial respecto a diversos temas pendientes de atender y resolver. Una situación que solo contribuye a la zozobra y preocupación de las mujeres privadas de libertad, que agrava sus condiciones psicológicas, porque además de permanecer en reclusión, se encuentran a la espera sin certeza de resolución sobre su situación jurídica.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) celebra el acto de disculpa pública que, con motivo de la conmemoración de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968, llevaron a cabo, como primer acto de gobierno la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y la secretaria Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, así como la firma del decreto por el que se reconoce a este hecho como un crimen de lesa humanidad por el uso de las fuerzas del Estado en contra de un sector de la población, como parte de la política represiva y contrainsurgente que el régimen autoritario implementó de manera sistemática contra las disidencias políticas y sociales desde la década de los cincuenta del siglo pasado.
Una vez más, medios comerciales como Proceso, Excélsior y El Universal, lanzan una serie de ataques contra la gestión que encabeza Rosario Piedra Ibarra y usan, como parece ya habitual entre algunos llamados comunicadores, la burda mentira como herramienta para sustentar su campaña de ataques. Tan burda es, que nuevamente recurren a un anónimo de 10 supuestos “trabajadores y ex trabajadores” como fuente de sus supuestas “revelaciones” que son acusaciones graves.
Una vez satisfechos los requisitos legales y constitucionales que validan la aprobación de la Reforma del Poder Judicial hecha por las cámaras de Diputados y Senadores, así como por diversos congresos de los estados de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informa que, después de realizar un análisis serio y exhaustivo de la reforma, así como de las condiciones en que se llevó a cabo su aprobación y publicación, no interpondrá acción de inconstitucionalidad alguna en contra de ésta, toda vez que dicha reforma es el resultado de la voluntad popular y una de las consecuencias derivadas del proceso democrático del 2 de junio.
