La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ha tenido como tarea principal escuchar y trabajar de la mano con organizaciones y colectivos de la sociedad civil, en ese sentido ha realizado un acercamiento en diversas acciones que se han llevado a cabo con el fin de dotar al marco constitucional mexicano la igualdad sustantiva de género, así como defender la dignidad y los derechos de la población LGBTTTIQ+, entre las que se encuentran las acciones de inconstitucionalidad promovidas, y que han permitido que en diversos estados de la República estos sean reconocidos, protegidos y garantizados.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), reiteró el exhorto a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, al Gobernador de Guerrero, al Director General y al Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Integral de la Familia (DIF) de esa entidad federativa, a implementar medidas para salvaguardar los derechos de las niñas, niños y adolescentes (NNA), y evitar su participación en las policías comunitarias, garantizando su integridad personal con base en los principios del interés superior de la niñez y la adolescencia.
En representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, entregó hoy de la mano de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, el Premio Nacional de Derechos Humanos 2020.
La CNDH saluda que la selección de las cuatro consejeras y los cinco consejeros del Consejo Consultivo, se esté llevando a cabo a través de un proceso abierto, plural, sin ninguna clase de sesgo partidista y con paridad de género. Señala que la práctica política tradicional propiciaba la integración de consejos consultivos meramente decorativos y a modo. En estos nuevos tiempos, esta Comisión Nacional lo único que espera de las senadoras y senadores es imparcialidad en la elección de los nuevos consejeros, que sean los mejores perfiles, los más comprometidos con la defensa de los derechos humanos y en verdadera empatía con las víctimas.
Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la legalidad y a la seguridad jurídica, así como al acceso a la justicia y al plazo razonable, atribuibles a la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México, en agravio de V, por la inejecución de un laudo firme del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
Como parte del convenio firmado entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), este día, la presidenta de este Organismos Nacional, Rosario Piedra Ibarra, estuvo presente en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde participó en el programa educativo de formación en materia de derechos humanos que busca mejorar el actuar de las tropas y los mandos de las fuerzas armadas.
CNDH exhorta y hace un llamado urgente a las autoridades federales competentes para que atiendan las solicitudes y brinden protección, seguridad y defensa, amplia e inmediata, a las personas habitantes de las comunidades ejidales de Ciénega de Puerto Alegre, en el Municipio de San Miguel Totolapan y de Guajes de Ayala, en el Municipio de Coyuca de Catalán, por los hechos críticos y la situación de violencia que están viviendo. También exhorta al gobierno de Guerrero, a la Fiscalía General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Pública del estado para que, sin demora, realicen todas las investigaciones necesarias que conduzcan al esclarecimiento de los hechos y se dé castigo a las y los responsables.
La pandemia ocasionada por COVID-19 ha agravado las desigualdades en los países del Continente Americano y limitado el goce y ejercicio de los derechos de todas las personas, por lo que es necesario hacer grandes esfuerzos para que nuestras poblaciones sufran el menor impacto posible, señaló la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 17/2021 al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Jorge Arganis Díaz Leal; al gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez; así como a integrantes del Ayuntamiento de Tonalá por omisiones e irregularidades en la planificación, autorización y supervisión de diversos fraccionamientos, sin vialidades que garanticen la conectividad libre y efectiva de sus residentes.
