La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) firmaron un convenio de colaboración, con el fin de instrumentar mecanismos para fortalecer el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) desde el enfoque de derechos humanos dentro de los contenidos educativos, estructura y metodología de éste, así como en la atención a personas educandas y formación de figuras educativas.
En un Pronunciamiento Público, la CNDH reitera la necesidad de asumir con crítica y autocrítica los retos derivados de la desaparición forzada y llama a la unión de esfuerzos y refiere el encuentro que el pasado 17 de noviembre sostuvo la presidenta del Organismo Nacional con el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, en el que se abordó, sobre todo, la magnitud del reto que nos plantea el grave problema de la desaparición forzada en México, y la necesidad de entablar un esfuerzo interinstitucional que permita rebasar lo meramente normativo -que con frecuencia se queda ahí, en lo declarativo-, para pasar a la potencialización de las acciones.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Guardia Nacional y a diversas autoridades del estado de Sonora implementar medidas cautelares para proteger la vida de Francisca Leticia Álvarez Rivera, integrante del colectivo “Madres Buscadoras de Sonora”, quien fue secuestrada por 17 horas el pasado 30 de octubre, torturada física y psicológicamente en Hermosillo, por sujetos armados que ingresaron a su domicilio, hecho que estaría relacionado con la labor de defensa y activismo que realiza como integrante de la mencionada organización.
El Estado mexicano tiene una asignatura pendiente con las víctimas de desapariciones forzadas y con sus familiares, tanto en aquellos casos cometidos por agentes estatales como en los que son responsabilidad de particulares, por lo cual es urgente que autoridades y sociedad actúen conjuntamente para saldar esa deuda, señaló la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra.
Ante las condiciones en las que se lleva a cabo la llamada caravana migrante, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hace un atento llamado al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Guardia Nacional, a fin de que se atiendan las medidas cautelares solicitadas por este organismo público para que, en caso de realizar acciones de verificación migratoria, estas se practiquen en el marco del respeto a los derechos humanos, tomando en consideración la presencia de grupos vulnerables.
El pasado 11 de noviembre, personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), constató el alojamiento de 78 personas en contexto de migración en la estancia provisional migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Saltillo, Coahuila; sin embargo, la capacidad oficial de ese lugar es de 30 personas, lo que implica una sobrepoblación de más del 260%, situación que ha generado hacinamiento, condición inapropiada para su estancia digna.
A cinco años de los sucesos victimizantes de Asunción Nochixtlán, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) considera que los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral es la respuesta que permitirá el esclarecimiento, la investigación, el juzgamiento y sanción de los casos graves de violaciones de derechos humanos por parte de la autoridad gubernamental, lo que ha sucedido para las personas en situación de víctimas de Nochixtlán. Estos derechos configuran el pilar fundamental para combatir la impunidad y constituyen un mecanismo de justicia indispensable para todo Estado democrático, puesto que coadyuva a la no repetición de dichos actos violatorios.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares a diversas autoridades de los estados de Baja California, San Luis Potosí, Sonora y a la Guardia Nacional, en favor de ocho personas defensoras civiles de derechos humanos que, en actos independientes, solicitaron la intervención de esta Comisión Nacional, a través de tres escritos de queja en los que mencionaron hechos de violencia y amenazas en contra de varios de ellos, relacionadas con su labor en pro de los derechos humanos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 71/2021 al director general del IMSS, Zoé Alejandro Robledo Aburto, por la inadecuada atención médica que recibió una persona adulta mayor, en el Hospital General Regional número 1 (HGR-1) en Culiacán, Sinaloa, cuyo personal médico no realizó el tratamiento requerido, situación que empeoró su estado de salud, derivando en su posterior fallecimiento.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 70/2021 al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Alejandro Robledo Aburto, por la inadecuada atención médica que recibió una persona en la Unidad de Medicina Familiar número 22 (UMF-22) y en el Hospital General de Zona de Medicina Familiar número 2 (HGZ-MF2), en el estado de Guanajuato y quien finalmente perdió la vida.
