La FGE de Veracruz imputó a la víctima el delito de homicidio doloso calificado, e informó que su detención se relacionaba con una carpeta de investigación abierta por el secuestro y asesinato de un candidato a presidente municipal, durante el pasado proceso electoral del año 2021. Este Organismo Público acreditó la detención arbitraria de la víctima, debido a que los elementos de la FGE de Veracruz no se apegaron a los lineamientos constitucionales para la privación de la libertad.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 59/2022 a la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, por violación a los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la libertad personal y al derecho de acceso a la justicia, en agravio de una persona adulta mayor que fue detenida, de manera arbitraria, en presencia de tres personas integrantes de su familia, entre los que se encontraba su hija menor de edad, con lo cual se violentó también el principio del interés superior de la niñez en agravio de la menor.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 49/2022 al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), José Ángel Ávila Pérez, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), por vulnerar el derecho humano a la protección de la salud, en agravio de 31 personas privadas de la libertad que se encuentran en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) 17, ubicado en el municipio de Buenavista, en el estado de Michoacán de Ocampo.
Sobre el caso de violación al derecho a la protección de la salud en relación con el acceso al más alto nivel de salud física y mental en agravio de personas privadas de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social, en Buenavista Tomatlán, Michoacán.
La víctima contaba con antecedentes de trastorno y conductas suicidas que fueron omitidas por las autoridades penitenciarias
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 34/2022 al comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), José Ángel Ávila Pérez, relacionada con la falta de seguimiento adecuado, ausencia de tratamientos oportunos y omisión en el deber de cuidado, cometidas por servidores públicos del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) en Tepic, Nayarit, que derivaron en la muerte de una persona privada de la libertad (PPL).
Sobre la falta de adecuado seguimiento de atención médica especializada y tratamiento oportuno, así como de la omisión en el deber de cuidado que derivó en la pérdida de la vida de V en el Centro Federal de Readaptación Social en Tepic, Nayarit.
Tras los lamentables hechos de violencia ocurridos el 21 de febrero en el Centro Estatal de Reinserción Social (CERESO) en Acapulco, Guerrero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hace un atento llamado a las autoridades penitenciarias a nivel federal y estatal intervinientes en los posibles traslados de personas privadas de la libertad, a efecto de que, toda medida que ello conlleve se realice en el marco del respeto, protección y garantía de sus derechos humanos, medida que por sí misma tiene restricciones que pueden afectar considerablemente sus derechos a la legalidad, seguridad jurídica, a la integridad personal ─tanto física como mental─, a la defensa, al debido proceso y su contacto con el exterior.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 24/2022 dirigida a Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador constitucional del estado de Nayarit, por violación a los derechos a la igualdad, a la no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad y a la salud, en agravio de una persona privada de la libertad (PPL), en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) de esa entidad, a quien se le negó autorización para contraer matrimonio por ser portadora de VIH.
Sobre el caso de V, privado de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social en Tepic, Nayarit, quien vive - y se le negó su derecho a contraer matrimonio por -, lo que vulnera sus derechos humanos a formar una familia, a la igualdad y no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad, al derecho de acceso a la información con respecto al derecho a la salud y de quienes se encuentran en una condición similar derivada de la actual regulación legislativa de la entidad en la materia.
Pronunciamiento para la adopción de acciones urgentes a favor de las mujeres en prisión preventiva o sentenciadas que se encuentran internas en los centros penitenciarios del país por la comisión de delitos relacionados con la interrupción de su embarazo, a la luz de la sentencia emitida por la SCJN
