Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud y a una vida libre de violencia obstétrica de V1 y V2, a la vida por inadecuada atención médica y al interés superior de la niñez en agravio de V2 recién nacido; así como, al acceso a la información en materia de salud en agravio de QVI y V1, por personas servidoras públicas en el Hospital Rural número 39 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Oxkutzcab, Yucatán.
Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud, a la vida y al trato digno en agravio de v persona adulta mayor, así como al acceso a la información en materia de salud en agravio de QVI, VI1 y VI2 en el Hospital Regional “Elvia Carrillo Puerto” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Mérida, Yucatán.
En su Recomendación 135VG/2023, emitida por violaciones graves de derechos humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicita a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán (SSPE) reparar integralmente el daño causado a una víctima de tortura y a seis personas más que fueron objeto de agravios por uso excesivo de la fuerza en abril de 2021, en esa entidad.
Luego de acreditar que se vulneraron los derechos a la salud, a una vida libre de violencia obstétrica, a la vida por inadecuada atención médica y el interés superior de la niñez, atribuibles a doce personas servidoras públicas que forman parte del personal médico adscrito a los hospitales General de Subzona con Medicina Familiar número 46 (HGSMF-46), General Regional número 1 “Ignacio García Téllez” (HGR-1) y a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), ubicados en las ciudades de Umán y Mérida, en Yucatán, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 109/2023 al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Del 6 al 17 de septiembre de 2021, el MNPT visitó 27 separos de seguridad pública municipales de Yucatán con el objetivo de examinar, con enfoque preventivo, actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Se identificaron factores de riesgo sobre certificaciones médicas, alimentación, las condiciones de alojamiento de las personas privadas de la libertad, así como la revisión de los reglamentos o bandos de policía y buen gobierno.
Es necesario avanzar en la realización de actividades de sensibilización y educación entre la sociedad para garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad, además de luchar contra la discriminación que padece este sector de la población; así como impulsar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aseguró la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Maestra Rosario Piedra Ibarra.
