Tras acreditar que una mujer embarazada perdió a su bebé por una atención médica inadecuada en la Clínica Hospital “A” Santa Rosalía, ubicada en Baja California Sur, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 157/2024 al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) celebra el acto de disculpa pública que, con motivo de la conmemoración de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968, llevaron a cabo, como primer acto de gobierno la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y la secretaria Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, así como la firma del decreto por el que se reconoce a este hecho como un crimen de lesa humanidad por el uso de las fuerzas del Estado en contra de un sector de la población, como parte de la política represiva y contrainsurgente que el régimen autoritario implementó de manera sistemática contra las disidencias políticas y sociales desde la década de los cincuenta del siglo pasado.
Personal de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Gineco Obstetricia número 4 “Luis Castelazo Ayala” (HGO 4 de la UMAE) en Ciudad de México realizó un procedimiento injustificado a una persona que sufrió un aborto espontáneo, causando incontinencia y trastornos de sensibilidad en la zona pélvica. En consecuencia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 156/2024 al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación por violaciones graves 161VG/2024 a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), por actos de tortura cometidos por personal de ambas instituciones, durante la detención de una víctima en 2006 y su encarcelamiento en varios Centros de Readaptación Social.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 158/2024 dirigida a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), debido a demoras y omisiones en un caso relacionado con la revocación de un permiso de explotación de recursos forestales en Jalisco y por no investigar y atender una denuncia popular por hechos relacionados con ese caso.
Personal de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Acayucan, Veracruz, mantuvo en ese sitio a cinco personas en contexto de migración internacional durante un periodo que excedió las 36 horas establecidas en la normatividad aplicable, por lo cual, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 155/2024.
Por un conjunto de omisiones e irregularidades en que incurrió personal adscrito a la oficina del Instituto Nacional de Migración (INM), ubicada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), al no permitir la entrada a nuestro país de una persona de nacionalidad colombiana, quien cumplía con los requisitos para ser admitida, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió a la Recomendación 154/2024.
Mediante un procedimiento de revisión migratoria, declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2022, personal del Instituto Nacional de Migración (INM) en Puebla, detuvo a dos familias y las trasladó a la Oficina Administrativa de Niñas, Niños y Adolescentes de ese instituto manteniéndolas en condiciones insalubres y sin brindarles información de su situación jurídica, razón por la que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 153/2024.
Una vez más, medios comerciales como Proceso, Excélsior y El Universal, lanzan una serie de ataques contra la gestión que encabeza Rosario Piedra Ibarra y usan, como parece ya habitual entre algunos llamados comunicadores, la burda mentira como herramienta para sustentar su campaña de ataques. Tan burda es, que nuevamente recurren a un anónimo de 10 supuestos “trabajadores y ex trabajadores” como fuente de sus supuestas “revelaciones” que son acusaciones graves.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) no pagó la prestación complementaria de seguridad social a los familiares de una víctima de desaparición forzada mientras trabajaba en la Policía Federal (PF). Al acreditar los hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 152/2024.
